Este martes 10 de febrero, el proceso judicial conocido como el caso “Chequesol” entra en una etapa clave con la reanudación de la audiencia inicial en contra de varios exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otros implicados. La Fiscalía Especial contra la Corrupción Pública (Fetccop) presentará los medios de prueba que busca utilizar para sustentar las imputaciones por presunto fraude y desvío de fondos públicos.

El Ministerio Público acusa formalmente a doce personas, entre ellas la diputada suspendida Isis Carolina Cuéllar Erazo y el exministro de Sedesol José Carlos Cardona Erazo, por su presunta vinculación en irregularidades financieras que habrían generado un perjuicio multimillonario al erario estatal. 

En esta fase del proceso, los fiscales comenzarán a evacuar los elementos probatorios documentales, testimoniales y periciales que consideran necesarios para demostrar la existencia de los hechos denunciados. Las pruebas serán analizadas por el juez designado para este caso con el objetivo de decidir si hay méritos para continuar con el juicio. 

La audiencia ha captado atención mediática y política, ya que entre los señalados figura una legisladora con fuero parlamentario y un exjefe de despacho ministerial. Isis Cuéllar enfrenta la acusación mientras cumple medidas cautelares dictadas por la Corte Suprema de Justicia, incluida la suspensión temporal de su cargo y arresto domiciliario en su contra. 

Por su parte, José Carlos Cardona también fue beneficiado con la medida de prisión domiciliaria junto con otros imputados, aunque ha rechazado las acusaciones y ha alegado ante los medios que no participó en el desvío de recursos, destacando que su papel fue técnico y no decisorio en las operaciones investigadas. 

Observadores independientes y sectores de la sociedad hondureña siguen con interés el desarrollo de esta audiencia, que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos destinados a programas sociales. La fiscalía insiste en que las pruebas presentadas demostrarán la existencia de una red de manejo irregular de recursos estatales.