El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso en su más reciente informe que la inactividad legislativa registrada durante el periodo 2022-2026 en el Congreso Nacional tuvo un impacto económico considerable para el Estado hondureño, al traducirse en millones de lempiras erogados sin trabajo parlamentario efectivo.

De acuerdo con el análisis elaborado por el Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), el ausentismo derivado de la parálisis legislativa bajo la presidencia del Congreso encabezada por Luis Redondo representó un gasto de L 2,438,450.28 por cada día en que no se realizaron sesiones.

El informe detalla que estos recursos corresponden al pago de salarios y viáticos de los diputados, costos que continuaron generándose a pesar de la ausencia de debates, aprobación de leyes o control político desde el pleno legislativo.

Para sustentar los datos, el CNA utilizó información proveniente de los reportes del MIC, así como registros y publicaciones difundidas en las redes sociales oficiales del Congreso Nacional, donde se evidenció la falta de sesiones ordinarias en distintos momentos del periodo analizado.

El cálculo del impacto económico se realizó tomando como base lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, normativa que establece la obligación de celebrar al menos tres sesiones ordinarias por semana como parte del funcionamiento regular del Congreso.

El organismo anticorrupción advirtió que el incumplimiento reiterado de este mandato legal no solo genera un perjuicio financiero directo al erario público, sino que también debilita el rol institucional del Congreso como órgano fundamental del sistema democrático.

Según el CNA, la prolongada inactividad parlamentaria contribuye a una percepción de ineficiencia y falta de compromiso con la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por demandas sociales y económicas urgentes.

El informe concluye que es necesario reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del Poder Legislativo, a fin de evitar que continúe el uso de fondos públicos sin una labor legislativa acorde a lo que exige la ley y la población hondureña.