El presidente del Congreso Nacional informó este miércoles que el Poder Legislativo dio respuesta formal a la Sala de lo Constitucional sobre un recurso de amparo y un recurso de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto No. 58-2025. Según señaló, ambos recursos adolecen de “evidentes carencias de argumentos jurídicos”.

En las respuestas enviadas, el Congreso expone fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que, según el titular, respaldan plenamente la actuación del Legislativo respecto al decreto, reafirmando su apego al marco legal vigente y al orden constitucional.

El presidente recordó que, aunque la Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, no es el único, y que la Carta Magna ordena a autoridades y ciudadanos defender la soberanía, el territorio, la forma de gobierno y la democracia, conforme a los artículos 3, 4 y 375.

En este contexto, enfatizó que la democracia se sustenta en la voluntad popular expresada a través del voto, voluntad que —aseguró— no fue respetada durante el proceso electoral de 2025, que calificó como fraudulento. “Defender la Constitución no es acomodarla para favorecer a unos pocos, sino respetarla para garantizar los derechos de todos”, afirmó.

El titular del Legislativo subrayó que el conteo voto por voto y la conclusión del escrutinio total de las Juntas Receptoras de Votos constituye una exigencia del Estado de Derecho, especialmente en un proceso marcado por denuncias de fraude, injerencia y hechos que, a su juicio, han deteriorado gravemente la institucionalidad democrática.

Asimismo, advirtió que imponer a un presidente de cualquier poder del Estado sin respaldo de la voluntad popular representa un grave precedente, vulnera artículos pétreos de la Constitución y constituye una “usurpación del mandato ciudadano”.

En su intervención, cuestionó la actuación de consejeras y un consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, a quienes acusó de actuar al margen de la Constitución y la Ley Electoral, advirtiendo que cualquier amparo otorgado en esas condiciones sería una garantía de impunidad y una “vergüenza institucional”.

Finalmente, el Congreso reiteró que las declaratorias electorales aún no son firmes al no haberse agotado todos los recursos legales, y llamó a la población a mantenerse alerta, asegurando que será el pueblo hondureño quien decida si acepta la continuidad de lo que calificó como un golpe electoral o lucha por el restablecimiento del orden constitucional.