En una acción coordinada a favor de la conservación ambiental, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) lideró la liberación de 1,000 iguanas verdes y seis guaras rojas en la Isla de Zacate Grande, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la biodiversidad nacional.
La actividad es el resultado de una serie de operativos móviles y labores de rescate ejecutadas en distintos puntos del departamento de Choluteca, orientadas a combatir el tráfico ilícito de fauna silvestre, uno de los delitos ambientales de mayor impacto en los ecosistemas del país.
De acuerdo con las autoridades, el personal de la FEMA no solo encabezó el proceso de recuperación de las especies, sino que acompañó cada fase del procedimiento hasta garantizar que los ejemplares estuvieran en condiciones óptimas para su retorno seguro a la vida silvestre.
En el esfuerzo participaron de manera articulada el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Policía Nacional, autoridades locales y centros de manejo de fauna, quienes realizaron evaluaciones técnicas y veterinarias para certificar el buen estado de salud de los animales antes de su liberación.
La reintroducción de las especies se realizó en un refugio de vida silvestre ubicado en las cercanías de la Isla de Amapala, una zona protegida que ofrece las condiciones ambientales necesarias para asegurar la adaptación y supervivencia de los ejemplares liberados.
Como parte del componente educativo de la jornada, estudiantes de centros educativos locales fueron integrados a la actividad, con el propósito de fomentar la conciencia ambiental y promover, desde edades tempranas, el respeto y la protección de las especies nativas.
El Ministerio Público reiteró que mantiene una vigilancia permanente frente a los delitos ambientales y recordó que la captura, tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre conlleva severas sanciones penales contempladas en la legislación hondureña.
Las autoridades subrayaron que los mecanismos de investigación seguirán activos para identificar y procesar a quienes atenten contra el patrimonio natural del país, destacando que la preservación del equilibrio ecológico es una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía.
