En una decisión que reaviva el debate sobre justicia y política en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena dictada en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con ello, se anula la pena de 12 años impuesta por la jueza Sandra Heredia en agosto de 2025. 

Los magistrados que integraron la sala de apelación determinaron que el fallo original presentaba deficiencias estructurales en la valoración de pruebas y que algunos testimonios fundamentales carecían de consistencia suficiente para sustentar la condena. Una de las magistradas emitió un salvamento de voto, expresando su desacuerdo con la decisión mayoritaria.

El caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando presentó denuncia contra el senador Iván Cepeda por manipulación de testigos. Con el paso del tiempo, la Corte Suprema reorientó la investigación hacia Uribe, acusándolo de operar mediante su abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones.  En julio de 2025, la jueza Heredia lo condenó por soborno en actuación penal y fraude procesal, absolviéndolo del cargo de soborno simple, y le impuso prisión domiciliaria. 

Durante la lectura del fallo en el Tribunal Superior, los magistrados hicieron un análisis detallado caso por caso: revocaron las condenas por soborno en los hechos atribuibles a los exparamilitares “Víctor”, “Diana” y Juan Guillermo Monsalve, y anularon la condena por fraude procesal por falta de motivación suficiente en el primer fallo.  También cuestionaron interceptaciones telefónicas y la forma en que fueron valorados ciertos testimonios clave. 

La revocación no es definitiva, pues los representantes de las víctimas anunciaron que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que podría reabrir el debate sobre la culpabilidad del expresidente.  Por su parte, sectores afines a Uribe celebraron la decisión, considerándola una reivindicación frente a lo que siempre han calificado como persecución política. 

El fallo genera profundas divisiones en el país: mientras algunos sectores lo ven como un triunfo de la justicia y la defensa de garantías procesales, otros lo interpretan como una derrota para las víctimas y una expresión de la pulsión política que atraviesa el sistema judicial en Colombia. En medio de las tensiones, la decisión podría tener impacto político de cara a las elecciones de 2026, pues le abre espacio a Uribe para recomponer su participación pública.