Una decisión clave de la USTR la mañana del lunes marca un punto de inflexión en la relación comercial entre Estados Unidos y Nicaragua: la oficina comercial estadounidense determinó que las políticas y prácticas del régimen de Ortega y Murillo son “irrazonables” y constituyen “una carga o restricción al comercio estadounidense”. Esa conclusión abre la puerta a sanciones económicas de gran escala bajo la Trade Act of 1974, Sección 301. 

La investigación se había iniciado el 10 de diciembre de 2024, cuando la USTR formalizó un expediente para analizar si los actos, políticas y prácticas del gobierno nicaragüense vulneran los derechos laborales, humanos y el Estado de derecho, y si esos hechos afectan al comercio estadounidense. 

Según el informe interno, los abusos identificados —como la represión sindical, detenciones políticas y el debilitamiento de instituciones judiciales— no sólo constituyen violaciones de derechos fundamentales, sino que además generan una ventaja competitiva injusta para las exportaciones nicaragüenses, lo que se considera “accionable” bajo la Sección 301. 

En ese contexto, la USTR plantea cuatro alternativas concretas para responder: suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR, limitar de manera parcial esas ventajas, imponer aranceles de hasta el 100 % en todas las importaciones desde Nicaragua o aplicarlos de forma selectiva por sectores. Esta fase está en consulta pública hasta el 19 de noviembre de 2025. 

Para Managua, la situación resulta crítica, porque Estados Unidos es su principal socio comercial —aproximadamente el 55 % de sus exportaciones se dirigen allí— y el CAFTA-DR ha sido un pilar para la economía nicaragüense desde que entró en vigor en 2006. Un golpe allí impactaría de lleno al empleo formal y al comercio. 

El peso político del anuncio también es relevante: la medida traslada la presión diplomática y de derechos humanos hacia el ámbito del comercio internacional, reforzando un enfoque más duro de Washington hacia Managua. 

Fuentes cercanas al proceso señalan que en las últimas semanas EE.UU. ha mantenido negociaciones arancelarias con otros países centroamericanos del tratado, excluyendo a Nicaragua, lo que podría anticipar un aislamiento progresivo del país dentro del bloque comercial. 

Con la definición de posibles sanciones ya sobre la mesa, solo resta que el presidente Donald Trump —o la autoridad estadounidense competente— decida qué opción adoptar. El plazo de consulta hasta noviembre condiciona la urgencia del proceso. Queda por ver la contrarespuesta del gobierno de Ortega y Murillo, y cómo responderán los sectores empresariales y laborales nicaragüenses ante este escenario de incertidumbre.