El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las amenazas que han surgido contra él eran previsibles desde antes de comenzar a promover las medidas legislativas dirigidas a combatir las organizaciones criminales en Honduras. El funcionario manifestó que incluso conversó anticipadamente con sus familiares para prepararlos ante las posibles consecuencias de las decisiones que estaba dispuesto a respaldar. «Sabíamos que iban a venir estas amenazas», expresó al referirse al escenario que enfrenta tras el endurecimiento de la política de seguridad.
Zambrano sostuvo que su determinación responde, según explicó, a la necesidad de recuperar el control de los territorios donde las estructuras criminales han impuesto condiciones a la población mediante extorsiones, intimidaciones y otras actividades delictivas. En ese contexto, defendió las reformas penales y las decisiones adoptadas para proporcionar mayores herramientas de actuación a los organismos de seguridad y justicia. «El país necesitaba tomar acciones contra estos grupos terroristas», enfatizó, dejando claro que las amenazas no modificarán su postura.
Sin embargo, el endurecimiento de las medidas también ha generado cuestionamientos sobre las garantías constitucionales y los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por algunas disposiciones de las reformas penales, particularmente en materia de detenciones, allanamientos y presunción de inocencia.
En ese escenario, el desafío para el Estado hondureño será demostrar que puede enfrentar eficazmente a las estructuras criminales, proteger a los ciudadanos y garantizar que cada actuación se desarrolle conforme a la Constitución y las obligaciones internacionales del país.