La Ley de Justicia Energética, contenida en el Decreto 198-2026, ya forma parte del marco jurídico hondureño luego de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente al 29 de septiembre de 2026. El presidente Nasry Asfura había sancionado la normativa un día antes, completando así el proceso posterior a su aprobación por el Congreso Nacional el 31 de agosto.
Uno de los efectos inmediatos de la nueva legislación es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses, con posibilidad de una prórroga adicional por igual período mediante decisión del Poder Legislativo. La disposición significa que un eventual incremento tarifario no será trasladado directamente al consumidor durante ese plazo; sin embargo, el monto final de cada factura continuará dependiendo del nivel de consumo registrado.
La reforma también plantea una transformación estructural de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El nuevo esquema contempla separar las actividades de generación, transmisión y distribución, mientras se introducen modificaciones al funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y se crea el Operador del Sistema y del Mercado, encargado de la operación integrada y administración del mercado eléctrico.
Otro de los objetivos establecidos es enfrentar las pérdidas técnicas y financieras que afectan al sistema eléctrico. La legislación modifica disposiciones de la Ley General de la Industria Eléctrica relacionadas con tarifas, facturación, compras de energía y funcionamiento del mercado. Entre las nuevas reglas se contempla que la adquisición de potencia firme y energía se realice mediante procesos competitivos, teniendo como regla general las licitaciones públicas.
Para los usuarios, la reforma incorpora además cambios en la información que deberán contener las facturas, incluyendo un mayor desglose de los conceptos relacionados con generación, transmisión, operación del sistema y distribución. La normativa también establece reglas sobre responsabilidades por las deudas del servicio eléctrico y medidas relacionadas con medidores y conexiones clandestinas.
Con la publicación oficial comienza ahora la etapa de implementación de la reforma, que deberá traducir las disposiciones legales en cambios concretos dentro del sistema eléctrico nacional. El alcance de la transformación dependerá de la ejecución institucional, la reorganización de la ENEE, las decisiones regulatorias y la capacidad de reducir pérdidas y mejorar la confiabilidad del servicio.
