TEGUCIGALPA, Honduras, 22 de septiembre de 2026.— La declaratoria de determinadas maras y pandillas como asociaciones terroristas representa, de acuerdo con el director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), comisionado Daniel Molina, un cambio en la estrategia del Estado hondureño para enfrentar la extorsión y las estructuras de criminalidad organizada.
Molina explicó que el nuevo marco legal permite dirigir las investigaciones no solamente contra quienes forman parte de estas organizaciones, sino también contra personas que colaboren con ellas o contribuyan a sus actividades ilícitas, siempre que las investigaciones establezcan los vínculos correspondientes.
Las reformas al Código Penal aprobadas en 2026 incorporaron disposiciones específicas sobre las asociaciones terroristas y contemplan dentro de esta categoría a estructuras criminales organizadas conocidas como maras o pandillas cuando concurran las condiciones y finalidades establecidas por la legislación.
El funcionario señaló que las nuevas disposiciones también tienen implicaciones en el ámbito procesal y penitenciario. Entre las medidas mencionó restricciones a determinados beneficios y un régimen especial para las personas recluidas, particularmente respecto a las comunicaciones y las visitas, con el objetivo de reducir la posibilidad de que las estructuras criminales continúen coordinando actividades desde los centros penitenciarios.
La persecución, según Molina, tampoco se limitará a los integrantes directamente identificados de las organizaciones. Explicó que podrían ser objeto de investigación quienes faciliten operaciones como el cobro de extorsiones o reciban recursos provenientes de estas actividades, siempre que las evidencias permitan establecer su participación o vinculación con la estructura criminal.
Esta línea de investigación ya forma parte de los esfuerzos interinstitucionales contra la extorsión. El Ministerio Público ha informado sobre investigaciones en las que se han identificado personas vinculadas a maras, pandillas y particulares, incluyendo casos relacionados con el uso de billeteras electrónicas para recibir fondos derivados de cobros extorsivos.
Respecto a las víctimas, Molina aseguró que la DAET mantiene protocolos destinados a proteger a quienes deciden denunciar. Indicó que se asigna un código para preservar la identidad durante la investigación y que también pueden utilizarse mecanismos como la figura del testigo protegido y la prueba anticipada, conforme a las disposiciones procesales aplicables.
El director de la DAET destacó que la colaboración ciudadana constituye un elemento importante para avanzar en las investigaciones. Recomendó a las víctimas utilizar los canales institucionales de denuncia y evitar cualquier exposición directa ante los integrantes de las estructuras que pudieran estar detrás de las amenazas o cobros.
Uno de los principales desafíos señalados por Molina es el control de las comunicaciones desde los centros penitenciarios. Aunque existen mecanismos para bloquear llamadas convencionales y se mantiene coordinación con las empresas de telefonía, persiste la dificultad de impedir las comunicaciones mediante plataformas digitales.
Ante este escenario, el funcionario indicó que se analizan nuevos lineamientos y una eventual reforma a la Ley de Telecomunicaciones para fortalecer las medidas destinadas a impedir que las estructuras criminales utilicen servicios de comunicación para coordinar extorsiones u otras actividades ilícitas.
La DAET fue creada formalmente en septiembre de 2026 como una división adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con unidades especializadas en extorsión, asociaciones terroristas, crimen organizado, lavado de activos y seguridad del transporte urbano.
