Tegucigalpa, Honduras.– La Ley de Justicia Energética avanza hacia su siguiente etapa luego de ser aprobada por el Congreso Nacional, mientras el equipo jurídico de Casa de Gobierno realiza una revisión del extenso contenido antes de que el presidente Nasry Asfura proceda con su sanción y posterior envío al Diario Oficial La Gaceta, según informó este lunes el ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez.
Ordóñez defendió la transformación planteada para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y sostuvo que la administración actual recibió una institución con graves dificultades financieras. El funcionario utilizó la expresión del mandatario de una “hemorragia financiera” para describir la situación que, según el Gobierno, ha afectado a la estatal y terminado repercutiendo en el costo del servicio para los usuarios.
La revisión presidencial se concentra en una legislación de amplio alcance. De acuerdo con Ordóñez, el documento contiene 97 páginas en formato legal, por lo que el equipo jurídico está examinando sus disposiciones antes de completar el procedimiento correspondiente. El ministro aseguró que el análisis forma parte del proceso habitual mediante el cual Casa de Gobierno estudia las leyes aprobadas por el Legislativo.
Uno de los cambios centrales consiste en modificar la estructura de la ENEE para separar sus principales áreas operativas. La reforma establece empresas subsidiarias dedicadas a generación, transmisión y distribución, mientras la ENEE mantiene una función de empresa matriz y la propiedad estatal de las compañías resultantes, de acuerdo con la información publicada sobre la normativa aprobada.
El Congreso Nacional aprobó la reforma a finales de agosto con 78 votos a favor, según los reportes sobre la votación. La nueva legislación también incorpora disposiciones relacionadas con la contratación de energía, reducción de pérdidas, medición, deudas y mecanismos de licitación, además de establecer un congelamiento temporal de las tarifas eléctricas.
La reorganización, sin embargo, ha generado distintas interpretaciones en el escenario nacional. Mientras el Gobierno y sectores que respaldaron la reforma la presentan como una vía para mejorar la gestión de la estatal, sectores críticos han expresado preocupación por una eventual mayor participación privada. Un análisis de El Heraldo señala que la ley no establece la venta de la ENEE ni la transferencia de su propiedad al sector privado, aunque sí modifica sustancialmente su estructura y amplía espacios de participación privada en determinadas actividades del sector eléctrico.
Otro de los desafíos será llevar las disposiciones legales a la práctica. Una mesa técnica integrada por autoridades de la ENEE, comisiones del Congreso y representantes del sector energético fue planteada para dar seguimiento a la aplicación de las reformas y determinar las medidas adicionales necesarias para implementar el nuevo esquema institucional.
Ordóñez aseguró que el proceso presidencial está próximo a concluir y que Asfura sancionará la Ley de Justicia Energética “en los próximos días”, para posteriormente enviarla a la Empresa Nacional de Artes Gráficas para su publicación en La Gaceta. Con ello comenzaría una nueva fase para la reorganización de la ENEE, cuyo impacto dependerá de la reglamentación, la implementación de las nuevas estructuras y las decisiones que adopten las instituciones responsables del sistema eléctrico.
