Lima decidió dar un paso diplomático de alto impacto al anunciar oficialmente la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Teherán, una medida que el Gobierno peruano presentó como consecuencia de una serie de preocupaciones acumuladas sobre la situación política, humanitaria y de seguridad en Irán. La decisión fue comunicada este martes 1 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores y marca un nuevo episodio dentro de la creciente tensión internacional alrededor de Medio Oriente.

La Cancillería peruana explicó que su posición se sustenta en la defensa de la democracia, el respeto al derecho internacional y la vocación pacifista que, según el Ejecutivo, orienta históricamente la política exterior del país. Bajo esos principios, Lima sostiene que la evolución interna y externa de Irán ha alcanzado un punto que considera incompatible con los valores que pretende defender en el escenario internacional.

Uno de los argumentos centrales está relacionado con el deterioro de las condiciones democráticas dentro de Irán. El Gobierno peruano hizo referencia a denuncias formuladas por distintos mecanismos de Naciones Unidas sobre represión de manifestaciones pacíficas, restricciones a la libertad de expresión y prensa, persecución de opositores y vulneraciones que afectan particularmente a mujeres y niñas.

Las preocupaciones de organismos internacionales no son nuevas. Durante 2026, mecanismos especiales de Naciones Unidas han documentado denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, restricciones a la libertad de opinión y reunión, además de posibles violaciones contra defensores de derechos humanos y mujeres. Esos antecedentes forman parte del contexto utilizado por Lima para explicar su decisión.

La crisis también tiene una dimensión marítima y económica. Perú cuestionó las restricciones que, según su Cancillería, han afectado desde marzo de 2026 el comercio internacional a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte marítimo y energético mundial. Para Lima, el tránsito por ese corredor no debería quedar condicionado unilateralmente cuando están en juego la navegación internacional, la seguridad de las tripulaciones y la protección del medio marino.

El impacto de la crisis trasciende las fronteras de Medio Oriente porque cualquier alteración prolongada en Ormuz puede repercutir sobre los mercados energéticos y las cadenas internacionales de suministro. Reportes recientes han señalado que el bloqueo y las restricciones al movimiento de buques han reducido considerablemente las exportaciones petroleras iraníes, aumentando la presión económica sobre Teherán.

En ese escenario, Perú también cuestionó las consecuencias que las restricciones marítimas pueden generar sobre el costo internacional de la energía. El Gobierno sostiene que la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito internacional deben preservarse, especialmente cuando están vinculados con la seguridad de la vida humana en el mar y la estabilidad del comercio mundial.

A la crisis marítima se suma el conflicto en torno al programa nuclear iraní. Lima expresó un rechazo contundente a lo que considera una obstrucción de la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyos inspectores han enfrentado dificultades para acceder a determinadas instalaciones iraníes, situación que, según la posición peruana, complica las labores internacionales de verificación.

Para el Gobierno peruano, impedir o limitar las verificaciones internacionales representa un asunto de seguridad que supera el ámbito bilateral. Su preocupación se relaciona con la necesidad de contar con mecanismos de supervisión capaces de determinar que el programa nuclear iraní no avance hacia la fabricación de armas nucleares, en momentos en que la región atraviesa una de sus etapas más delicadas.

Otro elemento determinante fue la acusación de que Irán contribuye a la violencia y a la escalada de los enfrentamientos en Medio Oriente. La Cancillería peruana manifestó que rechaza enérgicamente cualquier conducta que profundice la confrontación regional, en una coyuntura marcada por enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel y por las repercusiones que el conflicto ha generado sobre la seguridad internacional.

Aunque la decisión representa una ruptura política y diplomática, no significa que Perú haya cerrado todos los canales de atención entre ambos países. El Gobierno precisó que las relaciones consulares permanecerán vigentes, precisamente para garantizar la protección de los ciudadanos peruanos en Irán y de los ciudadanos iraníes que puedan encontrarse bajo jurisdicción peruana.

La diferencia entre relaciones diplomáticas y consulares está contemplada en el derecho internacional. Perú indicó que actuará conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, particularmente su artículo 45, mientras que para las funciones consulares continuará aplicándose la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la que ambos países forman parte.

La ruptura tampoco fue comunicada mediante un intercambio directo entre las dos capitales. Según la Cancillería peruana, la decisión fue transmitida a Irán a través de una nota diplomática entregada por medio de la Embajada iraní en Ecuador, que ejerce como misión concurrente ante el Perú. De esta manera, Lima formalizó su determinación mediante los canales diplomáticos correspondientes.

La medida coloca a Perú ante una nueva etapa en sus relaciones exteriores y proyecta su posición sobre algunos de los principales debates de la crisis internacional: respeto a los derechos humanos, libertad de navegación, seguridad energética, no proliferación nuclear y solución pacífica de las controversias. El Gobierno peruano sostiene que su decisión responde a una línea de política exterior basada en el derecho internacional y no únicamente a la coyuntura militar de Medio Oriente.

Con la ruptura anunciada este 1 de septiembre, Perú se distancia formalmente de Teherán mientras mantiene abiertos los mecanismos consulares necesarios para proteger a sus ciudadanos. La decisión ocurre en un momento particularmente sensible para la comunidad internacional, debido a la guerra regional, las dificultades en el estrecho de Ormuz y las controversias alrededor del programa nuclear iraní, factores que podrían seguir teniendo consecuencias políticas, económicas y de seguridad mucho más allá de Medio Oriente.