La aprobación de la Ley de Justicia Energética representa, para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), un paso que Honduras postergó durante más de dos décadas, pero no constituye el final de la transformación del sistema eléctrico. A través de su iniciativa Potencia Honduras, la organización manifestó su respaldo a la decisión del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, aunque dejó claro que ahora comienza una etapa considerada todavía más determinante: convertir el contenido de la ley en resultados concretos para los usuarios y para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La preocupación de fondo está en las pérdidas que continúa acumulando el sistema. Según cifras divulgadas por ASJ, durante el primer semestre de 2026 estas alcanzaron 34.35 %, equivalentes a cerca de 8,800 millones de lempiras. En un informe presentado en agosto, la organización había señalado además que la ENEE acumulaba un déficit de 11,187 millones de lempiras, mientras las pérdidas técnicas y no técnicas explicaban aproximadamente el 65 % de ese faltante financiero.
Dentro de los aspectos que ASJ considera positivos figuran los mecanismos de alivio contemplados en la legislación, entre ellos la condonación de determinadas deudas para hogares de bajo consumo, el respaldo a municipalidades con menor capacidad fiscal y una amnistía temporal para que usuarios puedan regularizar su situación. No obstante, la organización sostiene que estas medidas solamente serán sostenibles si simultáneamente se consigue que la estatal deje de producir nuevos déficits. Por ello exige que la ENEE publique periódicamente cuántos hogares reciben los beneficios, cuánto dinero se condona y cuántos medidores son instalados durante el proceso.
Para ASJ, el siguiente desafío será cumplir rigurosamente la hoja de ruta establecida por la propia ley. El proceso contempla, entre otros pasos, la emisión en un plazo de 45 días del reglamento del Comité de Conducción y de la Unidad Técnica de Implementación, además de la conformación del operador del mercado, la definición de las nuevas empresas derivadas de la separación de la ENEE y las primeras licitaciones de energía bajo reglas de competencia. La organización considera que cada uno de estos compromisos debe ejecutarse dentro de los plazos previstos y bajo mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía verificar los avances.
Otro de los puntos planteados por la organización es la necesidad de combatir el hurto de energía sin discriminación. ASJ cuestiona que las acciones de persecución se concentren principalmente en sectores de menores ingresos, mientras grandes consumidores —incluidos comercios e industrias que eventualmente operen con conexiones ilegales o medidores alterados— podrían representar pérdidas significativas sin recibir el mismo nivel de fiscalización. La organización sostiene que una política energética justa debe aplicar las mismas reglas a todos y que las primeras acciones de control deben alcanzar también a los grandes usuarios irregulares.
El reto, por tanto, pasa ahora de la aprobación legislativa a la ejecución y vigilancia de la reforma. ASJ anunció que, mediante Potencia Honduras, dará seguimiento público a cada etapa de implementación y exigirá información verificable sobre el cumplimiento de los compromisos. La organización también ha advertido que la crisis eléctrica tiene un impacto fiscal de largo plazo: sus análisis estiman que las pérdidas acumuladas del sistema superaron los 146,000 millones de lempiras hasta 2025, mientras la deuda de la ENEE continúa representando una pesada carga para las finanzas públicas. En ese contexto, su mensaje tras la aprobación de la ley es contundente: la reforma no debe medirse por haber sido aprobada, sino por su capacidad para reducir pérdidas, mejorar el servicio y proteger los recursos públicos.
