Tegucigalpa, Honduras.— Con 78 votos a favor, el Congreso Nacional dio luz verde la noche de este lunes a la reforma al marco jurídico del subsector eléctrico hondureño, después de varias semanas de discusión, socialización y diferencias entre las bancadas. La aprobación se produjo durante el tercer y último debate, en una jornada en la que el Legislativo terminó sometiendo a consideración un nuevo documento que incorporó modificaciones al dictamen que había sido discutido previamente.
El proyecto tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada mediante el Decreto 404-2013, normativa que estableció el marco para las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como las funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Posteriormente, esa legislación fue objeto de reformas, entre ellas las contenidas en los decretos 61-2020 y 2-2022.
La nueva reforma comenzó a tomar fuerza en el Congreso durante 2026 ante la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las pérdidas del sistema y la necesidad planteada por las autoridades de modernizar el funcionamiento del mercado. El proyecto fue sometido a un proceso de socialización con diferentes sectores y llegó al pleno para su discusión en junio; sin embargo, su aprobación se retrasó después de que inicialmente no se alcanzaran los votos necesarios para avanzar en el tercer debate.
Entre los cambios aprobados figura la reorganización de la ENEE mediante una estructura que contempla empresas subsidiarias para generación, transmisión y distribución, mientras la estatal permanecerá como empresa matriz y conservará la propiedad de sus activos estratégicos. Asimismo, la reforma contempla modificaciones en el funcionamiento de la CREE y crea el Operador del Sistema y del Mercado (OSM), que asumirá responsabilidades relacionadas con la operación del sistema eléctrico y la administración del mercado bajo principios de independencia y neutralidad competitiva.
Uno de los aspectos que más atención generó durante el debate fue el mecanismo establecido para impedir que los principales activos de la estatal puedan ser transferidos con una mayoría ordinaria. El texto aprobado establece que la ENEE mantendrá su carácter público y que cualquier venta, transferencia o disposición de sus acciones o activos estratégicos requerirá una votación de 96 diputados, es decir, tres cuartas partes de los 128 integrantes del Congreso Nacional. El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, defendió esta disposición como un blindaje frente a una eventual privatización de la empresa estatal.
La reforma también incorpora disposiciones relacionadas con las tarifas, contratación de energía, generación renovable, combate al fraude eléctrico, regularización de conexiones, protección de trabajadores y mecanismos para enfrentar eventuales déficits de generación provocados por sequías. El decreto aprobado contempla además una disposición para impedir incrementos de la tarifa durante seis meses, con posibilidad de una prórroga por un período similar, mientras se establecen nuevas reglas para las futuras licitaciones de potencia y energía.
Con la aprobación de este decreto, el Congreso Nacional cierra una prolongada discusión sobre el futuro del sistema eléctrico hondureño, aunque sus efectos dependerán ahora de la aplicación de las nuevas disposiciones y de la capacidad institucional para ejecutar la reorganización de la ENEE. El debate político, entretanto, continuará alrededor de si las reformas representan una modernización necesaria para rescatar el sistema energético o si abren espacios para una mayor participación privada. La norma deberá seguir el proceso correspondiente para su entrada en vigencia tras su publicación en La Gaceta.
