Danlí, El Paraíso. La justicia hondureña resolvió este martes la situación procesal de Urías Jabín Lovo Montoya y Rosel Ariel Archaga Rodas, quienes deberán continuar enfrentando un proceso penal por el presunto delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad. El Juzgado Regional de Danlí determinó que ambos pueden defenderse en libertad, aunque sujetos a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
El expediente se relaciona con un hecho ocurrido en Danlí que posteriormente se difundió ampliamente en redes sociales. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Regional de Oriente, los dos acusados habrían participado en una acción en la que un menor fue abordado mientras se encontraba en el parque central de la ciudad y habría recibido 500 lempiras a cambio de permitir que le cortaran el cabello, situación que fue grabada y posteriormente publicada en plataformas digitales.
La resolución judicial establece medidas cautelares para garantizar que Lovo Montoya y Archaga Rodas permanezcan vinculados al proceso mientras avanzan las investigaciones. Entre las disposiciones reportadas se encuentra la obligación de presentarse periódicamente a firmar, por lo que el proceso por trato degradante no queda cerrado con la decisión de permitirles defenderse fuera de prisión.
En el caso de Urías Lovo, además, existe otro expediente que produjo una decisión judicial diferente. El Ministerio Público lo acusa de abuso de llamadas de emergencia del 911, en perjuicio del orden público, por hechos ocurridos el 29 de junio de 2025, cuando presuntamente realizó varias comunicaciones simulando sufrir un infarto y proporcionó información falsa sobre una emergencia médica.
Según la acusación fiscal, las llamadas habrían provocado la activación de los protocolos de atención del Sistema Nacional de Emergencias. Las autoridades también señalaron que posteriormente se localizaron videos de una transmisión en TikTok en los que habría quedado registrado el momento de las comunicaciones, incluido el audio y comentarios realizados durante la interacción. Por este expediente, inicialmente se había impuesto prisión preventiva por seis meses mientras continúa el proceso judicial.
El caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la creación de contenido cuando involucra a personas en condición de vulnerabilidad y sobre el uso responsable de los servicios públicos de emergencia. No obstante, las acusaciones corresponden a procesos que aún continúan en los tribunales y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de los imputados conforme avance la etapa judicial y se valoren las pruebas presentadas por las partes.
