BOGOTÁ, Colombia.— Una investigación que compromete a un oficial activo del Ejército colombiano escaló este jueves con la captura del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, detenido en el Cantón Norte de Bogotá en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación.
El Ejército confirmó inicialmente la detención de un “Oficial Superior activo del Ejército Nacional”, sin revelar su identidad. Posteriormente, fuentes castrenses confirmaron a medios como EFE y Caracol Radio que se trataba de Pérez Amorocho, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales.
La investigación contempla graves señalamientos. De acuerdo con la información conocida, al oficial se le atribuyen provisionalmente presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, además de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Las pesquisas se concentran en dos períodos de la trayectoria militar de Pérez Amorocho: 2019-2020 y 2024-2025. En el primero estuvo relacionado con unidades desplegadas en Arauca, incluido el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 29; posteriormente ocupó responsabilidades de mando en Nariño, entre ellas en la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2.
Según la hipótesis investigativa, durante esas etapas el entonces oficial habría establecido contactos con integrantes de organizaciones armadas ilegales y presuntamente recibido dinero a cambio de actuaciones que habrían favorecido a esas estructuras. Entre las líneas de investigación aparecen posibles nexos con el ELN y disidencias de las extintas FARC, aunque será la justicia colombiana la encargada de determinar si tales acusaciones pueden ser demostradas.
Uno de los escenarios bajo revisión corresponde a Arauca, donde el oficial tuvo responsabilidades operacionales. La investigación busca establecer, entre otros aspectos, si pudo existir entrega de información militar reservada, decisiones destinadas a beneficiar a organizaciones ilegales o algún tipo de contraprestación económica por actuaciones realizadas desde posiciones de mando.
El segundo período bajo escrutinio corresponde a Nariño, donde Pérez Amorocho ejerció funciones relacionadas con la Brigada 23 y la FUDRA 2. Esta unidad tiene responsabilidad operacional en municipios como Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, una zona estratégica y afectada históricamente por la presencia de grupos armados y economías ilegales.
La captura ocurre, además, en un momento particularmente sensible para la seguridad colombiana. Este mismo jueves, el presidente Abelardo de la Espriella presentó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y ordenó concentrar esfuerzos en recuperar la seguridad territorial y combatir a las organizaciones criminales.
El Gobierno también informó este jueves sobre operaciones militares contra estructuras del ELN y otros grupos armados en Putumayo y Norte de Santander, donde la Fuerza Pública reportó la incautación y destrucción de 4,5 toneladas de cocaína. El anuncio refleja la dimensión de la ofensiva estatal contra las economías vinculadas al narcotráfico.
Para el Ejército, el caso supone un desafío institucional adicional, debido a que la persona investigada mantenía condición de oficial activo. La institución señaló que facilitó el procedimiento y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades, además del respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Ahora será la Fiscalía y la justicia colombiana las que deberán avanzar en la judicialización del coronel y determinar la solidez de los elementos recopilados durante la investigación. La captura, por sí misma, no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante las decisiones judiciales correspondientes.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre integrantes de la Fuerza Pública y las organizaciones armadas que operan en regiones estratégicas de Colombia. Mientras continúa el proceso, las autoridades deberán establecer si las acusaciones corresponden a hechos demostrables y cuál habría sido, eventualmente, el alcance de las actuaciones atribuidas al oficial.
