Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes la implementación del Plan de Protección de Quito, una nueva estrategia de seguridad orientada a incrementar la presencia de las fuerzas del orden en la capital y fortalecer el combate contra las organizaciones criminales que operan en la ciudad. La medida forma parte de la política gubernamental para contener la violencia y recuperar el control de los espacios públicos.
El anuncio fue realizado mediante un mensaje en video difundido a través de las redes sociales oficiales del mandatario, donde explicó que el operativo contempla el despliegue inmediato de 2,000 policías adicionales, quienes serán asignados a los sectores y horarios con mayor afluencia de personas, con el propósito de prevenir delitos y aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
Según detalló Noboa, los agentes reforzarán la seguridad en los principales puntos de concentración ciudadana, incluyendo accesos y salidas de centros de trabajo, instituciones educativas, estaciones del Metro de Quito, terminales y paradas de transporte público, mercados, entidades bancarias, centros comerciales y diferentes barrios de la capital considerados prioritarios.
La estrategia también contempla la incorporación de 100 vehículos y motocicletas, además de 20 drones de vigilancia, recursos tecnológicos que serán utilizados para fortalecer los patrullajes preventivos, ampliar la supervisión de zonas estratégicas y mejorar el monitoreo de los principales accesos a Quito, así como de sectores donde las autoridades han identificado una mayor actividad de grupos criminales.
Como parte del operativo, el Gobierno ecuatoriano movilizará además 2,000 militares adicionales, quienes trabajarán de manera coordinada con la Policía Nacional en tareas de control territorial, protección de infraestructura crítica y vigilancia en puntos considerados de alta incidencia delictiva. El objetivo es reforzar la presencia del Estado en áreas donde las organizaciones criminales han intentado expandir sus operaciones.
Durante su mensaje, el presidente enfatizó que el Estado mantendrá una postura firme frente a las bandas delictivas y advirtió que cualquier intento de intimidación o ataque contra la población recibirá una respuesta más contundente por parte de las fuerzas de seguridad.
"A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa: cada ataque tendrá una respuesta más fuerte", expresó el mandatario al presentar el nuevo plan de seguridad.
Noboa afirmó que la finalidad de esta estrategia es recuperar la tranquilidad de los espacios públicos, fortalecer la confianza de la ciudadanía y consolidar a Quito como una ciudad segura para sus habitantes, trabajadores y visitantes. Asimismo, sostuvo que la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas será determinante para enfrentar las amenazas del crimen organizado.
La implementación del plan ocurre en un contexto en el que Ecuador continúa enfrentando una compleja crisis de seguridad derivada del fortalecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y otros delitos de alto impacto. En los últimos años, el país ha incrementado las operaciones militares y policiales para contener la violencia, especialmente tras la declaratoria de conflicto armado interno emitida por el Gobierno.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que Quito, aunque históricamente ha registrado menores niveles de violencia que otras ciudades como Guayaquil, Esmeraldas o Durán, también ha experimentado un aumento en ciertos delitos urbanos, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas para evitar la expansión de las estructuras criminales hacia la capital.
El Gobierno aseguró que el Plan de Protección de Quito será evaluado de forma permanente y que los despliegues operativos podrán ajustarse conforme evolucionen los indicadores de seguridad y las necesidades detectadas por los organismos encargados del orden público. La administración de Daniel Noboa reiteró que la prioridad será garantizar la protección de la ciudadanía y preservar el funcionamiento normal de la capital ecuatoriana.