La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, dio un nuevo paso en el proceso de reforma constitucional al presentar una iniciativa que propone ampliar de cinco a siete años el período presidencial y establecer que estos mandatos sean renovables. La propuesta fue introducida este miércoles por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el rumbo político e institucional del país.

Según la exposición de motivos presentada ante el pleno legislativo, el proyecto busca fortalecer la "estabilidad", la "operatividad" y la "continuidad" del modelo de gobierno impulsado por la administración encabezada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Porras sostuvo que el sistema de "Pueblo Presidente" requiere períodos gubernamentales más prolongados para garantizar la ejecución de las políticas públicas y la planificación del Estado.

La iniciativa legislativa fue presentada apenas diez días después de que Ortega pronunciara un discurso durante la conmemoración del 46 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el pasado 19 de julio, en el que aseguró que "aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder". La declaración fue interpretada por diversos sectores como un anuncio de nuevas modificaciones al sistema político nicaragüense.

En esa misma intervención, el mandatario afirmó que "los días en que los partidos respaldados por los yanquis y los somocistas volverían al poder han terminado, nunca más", reafirmando su postura frente a la oposición política y defendiendo el modelo instaurado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Daniel Ortega, de 80 años, ejerce la Presidencia de Nicaragua de manera ininterrumpida desde enero de 2007. Previamente coordinó la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y posteriormente gobernó entre 1985 y 1990. En conjunto, ha permanecido alrededor de tres décadas al frente del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en el mandatario con mayor permanencia en la historia contemporánea del país.

La reforma también se produce después de que, en enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobara modificaciones que extendieron por un año el mandato presidencial vigente, trasladando las elecciones previstas para 2026 hasta noviembre de 2027. Con la nueva iniciativa, el oficialismo busca incorporar esos cambios de manera permanente al texto constitucional.

Desde 2021, distintos organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Human Rights Watch, han expresado preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua, incluyendo restricciones a la participación política, detenciones de opositores y limitaciones a las libertades civiles. El Gobierno de Managua rechaza esas críticas y sostiene que actúa conforme a su ordenamiento jurídico y en defensa de la soberanía nacional.

Analistas consideran que la propuesta fortalece aún más el modelo de concentración de poder impulsado por el oficialismo durante los últimos años. La oposición nicaragüense, gran parte de la cual permanece en el exilio o enfrenta restricciones políticas, sostiene que las reformas reducen las posibilidades de competencia electoral y debilitan los mecanismos de alternancia democrática.

El Parlamento nicaragüense, donde el oficialismo mantiene una amplia mayoría, ha aprobado en los últimos años numerosas reformas constitucionales y legales sin mayores obstáculos legislativos. Esa correlación de fuerzas hace prever que la nueva modificación podría avanzar rápidamente durante el proceso parlamentario.

De ser aprobada, la reforma consolidaría un nuevo esquema constitucional que ampliaría la duración de los períodos presidenciales y permitiría su renovación, modificando uno de los aspectos centrales del sistema político del país. La iniciativa también se suma a otros cambios recientes relacionados con la organización del Estado y el funcionamiento de las instituciones públicas.

El debate sobre la reforma trasciende las fronteras de Nicaragua y mantiene la atención de la comunidad internacional, que observa con interés la evolución del proceso legislativo y sus posibles efectos sobre el sistema democrático, la celebración de elecciones y el equilibrio institucional en el país centroamericano.