La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) emitieron este jueves un pronunciamiento público en el que condenan los recientes operativos de desalojo realizados por la Policía Nacional durante manifestaciones registradas en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, y en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida.

En el comunicado, ambas organizaciones manifestaron su preocupación por las denuncias sobre el supuesto uso indiscriminado de gas lacrimógeno y el presunto empleo de armas de fuego durante las intervenciones policiales. Indicaron que estos señalamientos deben ser investigados de manera pronta, independiente y transparente para determinar si existieron actuaciones contrarias a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza.

ASOPODEHU y JOPRODEH señalaron que los hechos ocurren en medio de conflictos sociales vinculados a distintas reivindicaciones ciudadanas. En el caso de El Progreso, indicaron que las protestas surgieron a raíz de inconformidades relacionadas con decisiones adoptadas por la autoridad municipal, mientras que en San Juan las acciones se desarrollan en el contexto de reclamos territoriales impulsados por la comunidad garífuna.

Las organizaciones enfatizaron que los derechos colectivos de los pueblos garífunas cuentan con una protección especial tanto en la legislación hondureña como en instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen la obligación del Estado de proteger sus territorios ancestrales y garantizar procesos de consulta cuando corresponda.

En su posicionamiento, las organizaciones defensoras de derechos humanos recordaron que el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y la protesta social están protegidos por la Constitución de la República y por tratados internacionales suscritos por Honduras. En ese sentido, sostuvieron que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Durante los últimos años, diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo antes de recurrir a operativos de desalojo en conflictos sociales y territoriales. Asimismo, organismos especializados han insistido en que el uso de la fuerza debe constituir un recurso excepcional y ajustarse a protocolos que prioricen la protección de la vida y la integridad de las personas.

En su comunicado, ASOPODEHU y JOPRODEH hicieron un llamado a las autoridades hondureñas para garantizar investigaciones imparciales sobre los hechos denunciados, brindar protección a las personas afectadas y promover espacios de diálogo que permitan resolver las controversias mediante mecanismos pacíficos. También exhortaron a respetar plenamente los derechos de las comunidades y de quienes ejercen el derecho a manifestarse.

Hasta el momento, la Policía Nacional no había emitido un pronunciamiento detallado en respuesta al comunicado difundido por ambas organizaciones. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen información sobre los operativos desarrollados en El Progreso y San Juan, mientras continúan las reacciones de distintos sectores en torno a los acontecimientos.