La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones financieras contra figuras centrales del gobierno cubano, en una decisión que intensifica la presión de Washington sobre La Habana en medio de las tensiones políticas entre ambos países. La medida fue oficializada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Entre los sancionados se encuentra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien fue incorporado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), mecanismo utilizado por el gobierno estadounidense para congelar activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y restringir transacciones financieras con personas y entidades señaladas.
La decisión también alcanza a Lis Cuesta Peraza, esposa del mandatario cubano, y a Manuel Anido Cuesta, quienes según la información oficial fueron incluidos en la lista de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404. De acuerdo con los registros publicados por OFAC, Anido Cuesta reside actualmente en Madrid, España.
Otro de los nombres destacados es el del coronel Alejandro Castro Espín, considerado una de las figuras más influyentes dentro de los círculos de seguridad e inteligencia de Cuba. Las sanciones también incluyen a Raúl Alejandro Castro Calis, ampliando así el alcance de las medidas hacia miembros de la familia Castro.
La OFAC informó que todos los individuos incorporados a la lista quedan sujetos a restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense, lo que implica el bloqueo de bienes e intereses que puedan encontrarse bajo control de personas o entidades estadounidenses.
Además de las sanciones personales, Washington anunció medidas contra instituciones vinculadas al aparato estatal cubano. Entre ellas figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organizaciones que históricamente han desempeñado un papel relevante dentro de la estructura política y social de la isla.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para endurecer las restricciones contra el gobierno cubano. En los últimos meses, Washington ha aplicado nuevas medidas dirigidas a sectores considerados estratégicos para la economía y la seguridad de Cuba.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones buscan aumentar la presión sobre los dirigentes cubanos y limitar el acceso a recursos financieros internacionales. Las sanciones se apoyan en disposiciones establecidas en la Orden Ejecutiva 14404, emitida en 2026 para ampliar las herramientas de presión económica contra funcionarios y entidades vinculadas al gobierno cubano.
La relación entre Washington y La Habana ha atravesado múltiples etapas durante las últimas décadas. Sin embargo, desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la política hacia Cuba ha retomado una línea más restrictiva, con énfasis en sanciones económicas y limitaciones a determinados actores estatales.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no habían emitido una respuesta oficial detallada sobre la nueva decisión del Tesoro estadounidense. No obstante, en ocasiones anteriores el gobierno de la isla ha rechazado este tipo de medidas, calificándolas como acciones unilaterales que buscan afectar la estabilidad económica del país.
Analistas consideran que las nuevas sanciones podrían incrementar las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, especialmente en un contexto marcado por las dificultades económicas que enfrenta Cuba, incluyendo problemas energéticos, escasez de productos básicos y limitaciones en el acceso a financiamiento internacional.
Con esta decisión, Estados Unidos amplía el alcance de su política de sanciones hacia la cúpula gobernante cubana, incluyendo no solo a altos funcionarios, sino también a familiares directos de los principales líderes políticos y militares de la isla, en una de las acciones más amplias anunciadas por Washington contra el régimen cubano en los últimos meses.
