La directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión, Amada Ponce, afirmó que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, debido al contexto de violencia, crimen organizado y debilidad institucional que enfrenta el país.

Durante su participación en el FORO ER de EL REPORTERO HONDURAS, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista, Ponce señaló que los comunicadores trabajan en un entorno marcado por amenazas constantes, autocensura y falta de garantías reales para el ejercicio de la libertad de expresión.

La defensora explicó que la ubicación geográfica de Honduras y su conexión estratégica entre el océano Atlántico y el Pacífico convierten al país en una zona vulnerable al tránsito de estructuras criminales, situación que impacta directamente en la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos.

Según expresó, la violencia generada por redes del crimen organizado y otros actores de poder ha dejado señales preocupantes, incluyendo ataques contra miembros de la Policía Nacional y casos que aún permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Ponce cuestionó además la efectividad de los mecanismos de protección existentes en Honduras y aseguró que persisten vacíos legales y normativos que afectan el trabajo periodístico. Indicó que el país todavía mantiene figuras jurídicas que permiten judicializar a periodistas por supuestas afectaciones al honor de funcionarios o particulares.

En ese sentido, recordó que más de 50 periodistas hondureños han enfrentado procesos penales durante las últimas dos décadas, mencionando entre ellos el caso del periodista Carlos Ávila, quien —según señaló— ha permanecido por años vinculado a litigios judiciales en el sur del país.

La representante de C-Libre cuestionó cuáles son actualmente las verdaderas garantías para ejercer el periodismo en Honduras, argumentando que las estructuras de protección no han logrado reducir los niveles de violencia ni combatir la impunidad que rodea los ataques contra comunicadores.

Datos de C-Libre indican que al menos 105 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras desde 1981. La organización sostiene que las cifras oficiales presentan diferencias respecto a los registros de la sociedad civil, ya que el Estado hondureño comenzó su conteo formal a partir de 2001 a través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Ponce recordó que previo al año 2002 ya existían asesinatos de periodistas en el país y señaló que 2010 continúa siendo el período más violento para el gremio periodístico, contexto que vinculó directamente a la crisis política generada tras el golpe de Estado de 2009. Golpe de Estado en Honduras de 2009.

Asimismo, manifestó que el Ministerio Público de Honduras enfrenta importantes desafíos en materia de investigación criminal y judicialización de casos relacionados con agresiones a periodistas y comunicadores sociales.

La defensora insistió en que no existen garantías reales ni mecanismos suficientemente independientes de presiones políticas para proteger a quienes ejercen el periodismo. “Pese a todas esas entidades de protección, lo que hay es violencia y un entorno hostil”, expresó durante la entrevista.

C-Libre documentó entre enero y mayo de 2026 un total de 49 agresiones contra la libertad de expresión en Honduras. De esos casos, 23 afectaron directamente a periodistas, mientras el resto involucró restricciones o ataques contra ciudadanos y actores sociales que ejercían su derecho a expresarse públicamente.

De acuerdo con la organización, las cifras reflejan un incremento significativo respecto al mismo período del año anterior. Ponce detalló que durante los primeros cinco meses de 2025 se contabilizaron 28 alertas, mientras que en 2026 prácticamente se duplicó el número de incidentes reportados.

La directora de C-Libre también alertó sobre el crecimiento de la autocensura dentro de los medios y entre periodistas independientes, fenómeno que atribuyó a la impunidad y a la ausencia de mecanismos eficaces para investigar amenazas tanto en entornos digitales como físicos.

Finalmente, señaló que muchos ataques y advertencias no llegan a denunciarse públicamente por temor a represalias. Según indicó, mensajes intimidatorios como “cuidadito” representan intentos directos de silenciar voces críticas dentro del ejercicio periodístico hondureño, en un contexto que continúa siendo motivo de preocupación para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.