El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, aseguró este martes que las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal aprobadas recientemente buscan fortalecer la lucha contra la criminalidad y permitir una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad del Estado.
Durante declaraciones públicas, Zambrano sostuvo que las nuevas disposiciones legales permitirán que elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras y de la Policía Nacional de Honduras salgan a las calles para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar de manera directa a las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.
El titular del Legislativo señaló que la estrategia de seguridad no debe interpretarse como una herramienta política, sino como una respuesta necesaria ante los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta el país. Según expresó, el objetivo principal es garantizar tranquilidad y protección a la población hondureña.
Zambrano explicó que, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, sostuvo conversaciones con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, debido a que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en situaciones de emergencia o cuando exista una solicitud formal de la Secretaría de Seguridad.
El congresista indicó que precisamente esa coordinación quedó establecida en el decreto aprobado el lunes a petición del Poder Ejecutivo, permitiendo que policías y militares trabajen conjuntamente bajo un marco legal específico para combatir delitos relacionados con extorsión, narcotráfico, maras y pandillas.
En relación con el financiamiento de las reformas, Zambrano aseguró que el tema fue consensuado previamente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo antes de la discusión del decreto. Afirmó que las instituciones de seguridad necesitaban herramientas legales para coordinar acciones estratégicas y fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado.
“El objetivo es que exista planificación, coordinación y trabajo en equipo entre todas las instituciones encargadas de la seguridad”, expresó el presidente del Congreso. Añadió que la intención del Gobierno es revertir lo que calificó como cuatro años de abandono en materia de seguridad pública en Honduras.
Uno de los puntos centrales de las reformas es la creación de la nueva Agencia Nacional contra el Crimen, organismo que dependerá del Consejo Nacional de Seguridad y que tendrá como finalidad coordinar políticas, operaciones e inteligencia entre diferentes cuerpos de investigación y seguridad del país.
Zambrano detalló que el Consejo Nacional de Seguridad será el encargado de elaborar la reglamentación de la nueva agencia y definir su funcionamiento operativo. Asimismo, señaló que si se requieren recursos adicionales, la Secretaría de Finanzas de Honduras deberá identificar fondos, créditos o financiamientos para fortalecer el combate contra la delincuencia.
El presidente del Legislativo también insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional, argumentando que la falta de articulación institucional ha limitado históricamente los resultados en materia de seguridad.
Durante sus declaraciones, Zambrano rechazó versiones sobre la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, proyecto que había sido mencionado en administraciones anteriores como parte de estrategias de aislamiento penitenciario. El funcionario calificó esa posibilidad como inviable y aseguró que se trata de una “falsa bandera política”.
No obstante, reconoció que existen centros penales construidos durante gobiernos anteriores que cumplen con estándares internacionales, aunque señaló que algunos fueron afectados por problemas de corrupción y deficiencias administrativas en el pasado. En ese contexto, destacó que actualmente las Fuerzas Armadas tienen atribuciones relacionadas con el control y seguridad de los centros penitenciarios.
El decreto aprobado también otorga facultades al Poder Ejecutivo para gestionar financiamiento orientado a la construcción de nuevas cárceles en el país. Según Zambrano, ya existen terrenos identificados y transferidos al Instituto Nacional Penitenciario para desarrollar nuevos proyectos penitenciarios.
El legislador reiteró que las futuras cárceles no serán construidas ni en Islas del Cisne ni en otros territorios insulares como Islas de la Bahía. Aseguró que el Gobierno trabaja en alternativas consideradas estratégicas y adecuadas para fortalecer el sistema penitenciario nacional y evitar el hacinamiento carcelario.
Zambrano afirmó que el país necesita medidas firmes para enfrentar el avance de las estructuras criminales y sostuvo que las reformas representan un paso decisivo para recuperar la seguridad. “Vamos de frente contra la delincuencia y por eso las cárceles deben ir en paralelo”, concluyó.
