La comisión especial del Congreso Nacional encargada de estudiar la iniciativa de Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales sostuvo este lunes una jornada de trabajo con representantes de diversos sectores, con el propósito de profundizar en los alcances técnicos y jurídicos de la propuesta legislativa.

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde participaron los diputados Mario Pérez, quien preside la comisión especial, junto a Tania Pinto, Rumy Bueso, Alejandra Vallecillo, Adolfo Ráquel, Jorge Cálix y Germán Altamirano.

Durante el encuentro, los asistentes discutieron distintos aspectos vinculados a la implementación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), mecanismo que busca identificar a las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de sociedades mercantiles y otras estructuras jurídicas.

Los legisladores señalaron que la propuesta pretende fortalecer la transparencia financiera y mejorar la capacidad del Estado para supervisar operaciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con actividades de alto riesgo para la institucionalidad del país.

La iniciativa también apunta a reforzar las herramientas de prevención y combate contra delitos como el lavado de activos, la evasión y elusión fiscal, el financiamiento del terrorismo y otras prácticas ilícitas que afectan la economía hondureña.

En la jornada de análisis se destacó que el RCBF permitiría un acceso más claro y ordenado a la información sobre los verdaderos propietarios de empresas, fideicomisos y estructuras corporativas, facilitando así procesos de fiscalización y control por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, los diputados coincidieron en la necesidad de modernizar el marco jurídico nacional para adaptarlo a estándares internacionales en materia de transparencia y cumplimiento financiero, tomando en cuenta las exigencias de organismos multilaterales y sistemas de cooperación internacional.

Los participantes reiteraron la importancia de mantener espacios de diálogo entre el sector público, la empresa privada y otros actores involucrados, con el fin de enriquecer la propuesta y garantizar que su aplicación responda a la realidad económica y jurídica del país.

La comisión especial destacó que uno de los objetivos fundamentales de esta legislación es fortalecer la confianza ciudadana y promover una mayor rendición de cuentas en el manejo de estructuras empresariales y financieras.

De igual manera, se subrayó que la creación de un registro centralizado contribuiría a cerrar espacios utilizados para ocultar información sobre beneficiarios reales, una práctica que en distintos países ha sido señalada como un factor de riesgo para operaciones ilícitas y corrupción.

Los congresistas afirmaron que Honduras necesita avanzar hacia mecanismos de gobernanza más sólidos y transparentes, capaces de brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer el clima de inversión en el país.

La propuesta legislativa forma parte de una serie de iniciativas impulsadas desde el Congreso Nacional orientadas a reforzar la institucionalidad y mejorar las capacidades del Estado frente a delitos económicos complejos.

Además, se destacó que el fortalecimiento de los sistemas de supervisión financiera también representa una herramienta importante para consolidar relaciones de cooperación internacional y cumplir compromisos adquiridos en materia de transparencia global.

Los miembros de la comisión reiteraron que continuarán desarrollando mesas de trabajo y consultas técnicas antes de emitir un dictamen final sobre la iniciativa, con el objetivo de construir un marco legal equilibrado y funcional.

El Congreso Nacional reafirmó su compromiso de impulsar leyes orientadas al fortalecimiento institucional y a la lucha contra la corrupción, promoviendo acciones que permitan mejorar la gobernanza y la transparencia en Honduras.