El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, afirmó este lunes que, en caso de que se impulse un juicio político contra algún funcionario, su compromiso será garantizar el respeto irrestricto al debido proceso, en respuesta a las demandas de sectores de la población.

En declaraciones brindadas al canal HCH, Zambrano subrayó que la viabilidad de un juicio político depende estrictamente de alcanzar los 86 votos requeridos en el pleno legislativo, lo que —según indicó— haría “casi seguro” que el proceso avance si se cumple ese requisito.

El titular del Legislativo rechazó señalamientos de la oposición que califican esta figura como un instrumento de persecución política, asegurando que el juicio político está contemplado en la Constitución de la República de Honduras y responde a la necesidad de establecer precedentes legales ante posibles abusos de poder.

Asimismo, explicó que la Ley de Juicio Político define con claridad cada etapa del procedimiento, desde la admisión de la denuncia hasta la conformación de una comisión investigadora, la cual también debe ser aprobada con 86 votos y encargada de analizar el caso.

Zambrano enfatizó que esta comisión deberá respetar el derecho a la defensa del funcionario señalado, permitiéndole presentar pruebas y rendir declaraciones tanto ante el órgano investigador como ante el pleno del Congreso, en audiencias que pueden extenderse por varias horas.

El presidente del Congreso también aclaró que el juicio político no implica sanciones penales, como prisión, sino que su objetivo es evaluar la conducta del funcionario y determinar si existen méritos para su destitución del cargo.

En ese sentido, mencionó que algunos sectores han puesto bajo observación a diputados que integraron la Comisión Permanente del Congreso anterior, señalada por presuntos abusos constitucionales, lo que podría derivar en eventuales acciones legislativas.

No obstante, Zambrano puntualizó que, hasta la fecha, no se han presentado denuncias formales ante la Secretaría del Congreso Nacional, por lo que aún no se puede establecer el alcance real que podría tener la aplicación de juicios políticos en el país.