El anuncio del Gobierno de Honduras de asumir el 50% del incremento en los precios de los combustibles ha abierto un debate técnico sobre la coherencia entre los ajustes aplicados y el comportamiento real del mercado internacional del petróleo.

La medida, que busca mitigar el impacto económico en los hogares, se justifica oficialmente por el encarecimiento del crudo derivado de la crisis geopolítica en Medio Oriente. Sin embargo, especialistas advierten que el argumento no coincide plenamente con la dinámica de compra y distribución de combustibles en el país.

A diferencia de naciones que aplican coberturas financieras, Honduras no utiliza mecanismos de compra a futuro, lo que significa que los precios internos no responden de forma inmediata a las variaciones del mercado global.

En la práctica, el abastecimiento de carburantes se realiza con semanas o incluso meses de anticipación logística, lo que genera un desfase natural entre el precio internacional del petróleo y el valor final en las estaciones de servicio.

Este retraso implica que los precios vigentes en marzo de 2026 reflejan, en realidad, compras realizadas entre finales de febrero y principios del mismo mes, y no las condiciones actuales del mercado internacional.

Datos del crudo WTI indican que a finales de febrero el barril se cotizaba entre 64.51 y 67.39 dólares, con una tendencia moderadamente al alza, pero lejos de los picos observados posteriormente en marzo.

En ese contexto, analistas sostienen que el incremento aplicado en Honduras debería corresponder a esos valores previos, lo que pone en duda la relación directa entre los precios actuales y la crisis más reciente en Medio Oriente.

A esto se suma que no existe evidencia pública de compras a futuro en 2026 por parte del Banco Central de Honduras o la Secretaría de Energía, lo que refuerza la tesis de que el país opera bajo un esquema de precios con desfase logístico y sin cobertura anticipada.