Un tribunal penal contra el crimen organizado en El Salvador condenó a 39 integrantes de una estructura criminal a penas que alcanzan hasta 300 años de prisión, informó este sábado la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la institución, las condenas más severas fueron impuestas a Marvin García, quien recibió una pena de 300 años de cárcel, y Aurelio Vásquez, sentenciado a 258 años, ambos señalados como líderes de la organización delictiva.

Las autoridades indicaron que el resto de los condenados cumplían diferentes funciones dentro de la banda: 13 actuaban como artilleros, 15 como motoristas y otros ocho se encargaban de marcar a las víctimas y proveer armas de fuego para las operaciones criminales.

Aunque el proceso fue llevado por un tribunal especializado en crimen organizado del distrito de Soyapango, en San Salvador, la Fiscalía aclaró que la estructura no ha sido vinculada directamente con las principales pandillas que operan en el país centroamericano.

La sentencia responde a delitos cometidos entre 2019 y 2023, entre ellos cuatro homicidios y 26 casos de robo agravado perpetrados en distintos puntos del territorio salvadoreño.

Las investigaciones determinaron que la banda operaba principalmente robando dinero a personas que acababan de realizar transacciones en agencias bancarias, atacando a las víctimas al salir de los establecimientos y, en algunos casos, asesinándolas.

Entre los crímenes documentados figura el asesinato de una docente en 2021, quien fue atacada tras resistirse a un asalto cuando abandonaba una entidad bancaria, hecho que conmocionó a la opinión pública salvadoreña.

Estas condenas se producen en medio de la ofensiva contra el crimen impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien desde marzo de 2022 mantiene un régimen de excepción que ha permitido detener a más de 90.000 personas sospechosas de vínculos con estructuras criminales.

Mientras el gobierno asegura que la estrategia ha reducido los homicidios a niveles históricos, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando posibles abusos y muertes bajo custodia en cárceles del país.