Tegucigalpa. Cristosal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó que entre septiembre de 2024 y enero de 2026 documentó 82 hechos de violencia política que afectaron a 68 personas durante el proceso electoral hondureño. De este total, 13 incidentes ocurrieron en la etapa poselectoral, demostrando que la violencia no cesó tras la votación.

Los datos de Cristosal muestran que la violencia política en Honduras se manifiesta de manera diferenciada: asesinatos, amenazas, secuestros, coacción y criminalización, dirigidos tanto a líderes políticos como a personas sin afiliación partidaria. Esto evidencia que el objetivo es condicionar la participación en la vida pública más allá de las filiaciones políticas.

A pesar del clima de intimidación, los hondureños acudieron masivamente a las urnas el 30 de noviembre de 2025. La participación pacífica contrastó con la debilidad institucional para prevenir y sancionar la violencia política, reflejando que la democracia no solo se mide en el voto, sino en la protección real de quienes ejercen sus derechos.

La etapa poselectoral estuvo marcada por tensiones sociales, retrasos en el conteo y la ausencia de resultados definitivos. Durante este periodo se documentaron nuevas agresiones físicas y violencia simbólica, demostrando que el clima de intimidación persiste incluso después de la jornada electoral, afectando especialmente a liderazgos sociales y comunitarios.

El caso más grave reportado fue el asesinato de Reina Margarita Carrasco, activista social y defensora del derecho a la salud, ocurrido el 22 de enero de 2026 en el sur del país. Su muerte a plena luz del día y horas después de participar en protestas evidencia el efecto inhibidor de la violencia sobre la participación ciudadana, sobre todo entre mujeres y liderazgos sociales.

Cristosal señala que la actualización de datos «no implica el cierre del monitoreo ni del seguimiento de los casos documentados». La organización reafirma su compromiso de continuar observando y documentando los hechos de violencia política, así como la respuesta institucional frente a ellos.

De los 82 hechos documentados, 13 ocurrieron después de la jornada electoral. Más de 68 víctimas directas han sido afectadas por distintos tipos de agresiones. La falta de investigaciones y judicialización refuerza una impunidad histórica que deja a las víctimas sin justicia y evidencia un sistema más vinculado a intereses políticos que a la protección de derechos.

Los hallazgos de Cristosal subrayan que la calidad democrática no se mide solo en el día de la votación, sino por las condiciones que garantizan derechos, justicia y rendición de cuentas. La organización llama a establecer mecanismos independientes para combatir la impunidad, como la CICIH, y asegura que seguirá acompañando a las víctimas para que ejercer los derechos políticos en Honduras sea posible sin miedo.