El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido su estrategia de represión más allá de las fronteras de Nicaragua, alcanzando a opositores y críticos que buscaron refugio en otros países tras la crisis desatada en 2018. Así lo expuso el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU en Nicaragua (GHREN), en un informe de 36 páginas presentado este martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.

El documento detalla que miles de exiliados han sido objeto de un conjunto de medidas destinadas a silenciarlos, entre ellas la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de reingreso al país, la negativa de pasaportes y la confiscación de bienes. El informe subraya que estas acciones no solo buscan castigar a quienes huyeron, sino también aislarlos y debilitarlos políticamente en sus lugares de residencia.

La persecución, según el GHREN, se apoya en un complejo sistema de vigilancia física y digital. Funcionarios encubiertos e informantes siguen de cerca los movimientos de opositores en el exterior, reportan sobre sus vínculos y en algunos casos ejecutan hostigamientos directos. La coordinación entre la Policía Nacional y las fuerzas armadas permite a los servicios de inteligencia recopilar perfiles, interceptar comunicaciones y aplicar técnicas de espionaje digital que incluyen hackeos, intervenciones de llamadas e instalación de software espía en dispositivos de los disidentes.

El uso de herramientas digitales se ha convertido en un pilar central de esta estrategia. El grupo de expertos identificó un patrón sostenido de espionaje patrocinado por el Estado que no solo afecta a quienes están fuera del país, sino también a sus familias en Nicaragua, quienes son sometidas a presiones, amenazas y actos de intimidación. Para los investigadores, estas prácticas buscan sembrar miedo y cortar cualquier intento de organización política desde el exilio.

La denuncia llega en un contexto en el que Nicaragua ya no forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras su retiro en febrero de 2025 luego de ser acusada de instaurar un estado autoritario y de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. La represión, que comenzó tras las protestas de abril de 2018, dejó alrededor de 350 muertos y empujó al exilio a más de 100,000 ciudadanos. En abril de este año, el GHREN ya había señalado a 54 funcionarios responsables de aplicar esta represión, reforzando la acusación de que se trata de una política de Estado que ahora se expande más allá de las fronteras nacionales.