Un nuevo episodio en aguas del Caribe volvió a colocar la relación entre Caracas y Washington bajo máxima tensión. Un video difundido el 15 de septiembre muestra el impacto de un ataque contra una embarcación frente a las costas venezolanas, en el que murieron tres personas señaladas por Estados Unidos como integrantes de un cártel.

El gobierno estadounidense aseguró que la operación ocurrió en aguas internacionales y la presentó como parte de una estrategia regional de lucha contra el narcotráfico. Las imágenes difundidas por la Casa Blanca y la Presidencia incluyen breves fragmentos de la acción militar y fueron descritas como prueba del operativo.

Desde Venezuela, la reacción fue inmediata. El gobierno calificó la acción como una “agresión” y recordó que apenas semanas atrás había denunciado la intercepción de un barco atunero por parte de un destructor estadounidense, incidente que Caracas sostiene se produjo en su zona económica exclusiva.

La administración de Nicolás Maduro sumó este hecho al primer ataque registrado en la misma zona, cuando murieron 11 personas según la versión de Washington. En ambos casos, Caracas afirma que se trata de violaciones a la soberanía y ha llevado el reclamo a foros internacionales, además de suspender canales de cooperación en materia de seguridad.

Mientras tanto, en la capital estadounidense, la narrativa oficial insiste en que se trata de acciones dirigidas a desmantelar redes transnacionales vinculadas al tráfico de drogas y la violencia. Sin embargo, voces críticas dentro de Estados Unidos cuestionan la legalidad del uso de fuerza letal en operativos que, en otros contextos, habrían correspondido a tareas policiales de interdicción.

Analistas advierten que la confrontación no solo tiene un componente militar. La creciente militarización en el Caribe, el cruce de acusaciones diplomáticas y la falta de evidencia pública podrían erosionar apoyos internacionales a Washington y, al mismo tiempo, abrir espacio para que Venezuela busque respaldo en aliados estratégicos.

Los efectos inmediatos del incidente podrían incluir presiones de organismos de derechos humanos y llamados a investigaciones internacionales. A mediano plazo, Caracas podría intentar judicializar el caso en tribunales internacionales o intensificar sus alianzas con países que rechacen la política de interdicción estadounidense.

Con dos operativos letales en cuestión de semanas, la región observa un cambio de dinámica: lo que comenzó como operaciones de seguridad marítima se ha transformado en un foco de disputa geopolítica. Tanto Washington como Caracas aseguran que continuarán con sus respectivas líneas de acción, dejando un escenario de incertidumbre y riesgo en las aguas del Caribe.