El Ministerio Público (MP) puso en marcha la Operación Nacional VII, con el objetivo de combatir los delitos de abuso de autoridad y aquellos que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes, además de otras infracciones que impactan en la sociedad hondureña.
Esta operación involucra a diversas fiscalías especializadas para garantizar un abordaje integral en la persecución de estos crímenes.
La Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) anunció la presentación de requerimientos fiscales con órdenes de captura, entre ellos uno contra cinco sospechosos de tráfico de personas y otro por el delito de pornografía infantil.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) realizará capacitaciones a miembros de la Policía Nacional sobre los protocolos de denuncia en casos de delitos sexuales contra menores. Además, llevará a cabo operativos nocturnos y de mendicidad para identificar posibles víctimas.
En materia ambiental, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) presentará requerimientos por explotación ilegal de recursos naturales y minería irregular. Asimismo, impartirá un curso sobre delitos ambientales en Santa Lucía y realizará siete inspecciones en zonas cercanas a la capital.
La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC) liderará la destrucción de 3,460,000 unidades de cigarrillos, como parte de la sentencia condenatoria contra Marlon Cruz Reyes. También efectuará inspecciones en tabacaleras de Danlí, El Paraíso, para verificar el cumplimiento de los procedimientos aduaneros.
En el ámbito de protección social, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) presentará al menos 30 requerimientos por violencia contra la mujer, maltrato familiar y delitos sexuales, mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos (FEDH) inspeccionará centros de internamiento de menores y promoverá capacitaciones en escuelas.
La Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) ejecutará inspecciones en restaurantes, supermercados, abarroterías y farmacias de Talanga y Guaimaca, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección a los consumidores y personas de la tercera edad.
Todas estas acciones se desarrollan con el apoyo de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), entre otras instituciones colaboradoras.
